Por Max J. Castro                                                                     Leer Versión en Inglés
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Lo sorprendente de la política norteamericana hacia Cuba es que parece ser inmune a la realidad. Casi cincuenta años de fracasos, el fin del bloque soviético y la emergencia de nuevas amenazas a la seguridad nacional de EEUU no han producido una revisión. En su lugar, lo que ha sucedido es que el enfoque contraproducente mantenido por mucho tiempo por el gobierno federal se ha hecho más perverso. Eso no ha evitado que el estado de la Florida efectúe su venganza. Veamos.

• La determinación de realizar una guerra económica contra Cuba, aún al nivel más trivial, está desviando al gobierno de EEUU de la tarea mucho más crucial de perseguir a terroristas y criminales.

Un informe de la Oficina Gubernamental de Contabilidad acerca de los esfuerzos de la división de Aduanas y Fronteras (CPB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interna para atrapar a los que traen habanos, ron y productos similares de Cuba han puesto a prueba la capacidad de la CPB para llevar a cabo su misión principal de impedir que terroristas, criminales y extranjeros inadmisibles ingresen al país por el Aeropuerto Internacional de Miami”.

• Altos funcionarios estatales de la Florida estuvieron íntimamente implicados en el costoso y altamente inusual intento del Departamento de Niños y Familias por impedir que Rafael Izquierdo, un agricultor cubano, mantuviera la custodia de su joven hija y regresara con ella a Cuba.

Según una fuente citada en un artículo en The Miami Herald, “No se hace nada (en relación con el caso) sin consultarlo con la oficina del gobernador”. Julie Gilbert Rosicky, la jefa de una agencia contratada para hacer un estudio a Rafael Izquierdo, escribió acerca de un tutor especialmente nombrado que favoreció al estado en el esfuerzo por quitar la custodia a Izquierdo, y que “parecía estar muy parcializada a favor de mantener a la niña en EEUU a toda costa, e indicó que estaba a favor de un informe negativo”. La experimentada jueza que juzgó el caso, que costó al estado $250 000 dólares, dijo: “Nunca he presenciado un caso como este… nunca, nunca, nunca, nunca…”

• Una ley aprobada el año pasado por la legislatura de la Florida que prohíbe a profesores de universidades estatales utilizar fondos públicos o privados para realizar investigaciones en Cuba “viola la libertad académica concedida a universidades bajo la Primera Enmienda”, según una reclamación judicial presentada por la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal. 

Estos tres ejemplos sugieren que nada es demasiado importante, sagrado o esencial de los valores norteamericanos --incluyendo la lucha contra el terrorismo, el derecho de los padres a criar a sus hijos y la Primera Enmienda-- que no se pueda subordinar a la venganza contra Cuba.