A pesar de la hostilidad de la derecha, la banca, los medios de comunicación, Estados Unidos...

El 30 de septiembre pasado, al elegir una Asamblea Constituyente, los ecuatorianos le dieron una amplia mayoría al presidente Rafael Correa, con lo cual tiene carta blanca para cambiar las reglas del juego político-económico. Aunque extremadamente derrotada en las urnas, de inmediato la derecha se puso en pie de batalla para enfrentar el proyecto oficial: economía regulada, redistribución social, democracia participativa, integración regional, “socialismo del siglo XXI”… Pero los vientos de cambio soplan en toda la región.

Por Hernando Calvo Ospina                                                        Leer Versión en Inglés

“Ahora es cuando comienza el reto del cambio”, dice Rocío Peralbo, comunicadora social y reconocida militante de derechos humanos. “Todas las condiciones están a favor, no tendremos a quien echar la culpa si esta vez fallamos.”

La historia del Ecuador no conocía un triunfo electoral tan arrollador como el obtenido por el movimiento Alianza País, el 30 de septiembre. Este día se eligió a quienes deberán redactar una nueva Constitución. El 70% de votantes entregó la confianza a los candidatos que comparten proyecto con el presidente Rafael Correa Delgado. Con ochenta representantes, sobre ciento treinta, tendrán la mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente con lo cual el jefe de Estado podrá “refundar la República”, y poner a caminar un modelo de desarrollo que rompería con el neoliberalismo.

Alianza País comenzó como proyecto a fines de 2005, “sin ser algo de iluminados, sino un grupo que se nutrió de las luchas y esfuerzos de muchos sectores sociales y políticos”, dice el ex ministro de Energía y Minas, futuro presidente de la Constituyente, Alberto Acosta. En las elecciones de noviembre 2006 logran poner en la presidencia a Correa, economista y catedrático. “Pasamos de ser especialistas en la protesta, a ejercitar la propuesta. Con la presidencia nos tocó que empezar a construir.”

En su sencilla oficina en el Palacio de Carondelet, edificación de tipo colonial, sede del gobierno, el presidente Correa afirma: “Hemos emprendido una “Revolución Ciudadana”, que nos debe llevar a cambios radicales, profundos y rápidos de las estructuras de este país, porque las actuales ya no sirven.”

Taxistas, vendedoras de periódicos, lustrabotas, oficinistas... Sólo tienen fe en el proyecto que lidera el presidente. Un país que ha conocido ocho presidentes en diez años, la mayoría de sus ciudadanos no tiene confianza en el Congreso, al cual considera como incompetente y corrupto. Ante el descrédito del Congreso, Alianza País no presentó candidatos a las últimas elecciones legislativas, prefiriendo invertir todo a la Asamblea Constituyente. 

Los resultados para la Constituyente fueron un rechazo contundente a la “partidocracia”, como denomina el presidente Correa a los partidos que dominaban la escena política. Fue un colapso de los que en realidad han sido feudos, grupos dirigidos por caudillos y sin sustento ideológico.

De origen español, Monseñor Eugenio Arellano vive hace más de treinta años en Ecuador, “siempre muy cerca del pueblo.” Por ello dice conocer “lo que piensa el 90% de sus habitantes”. “Este nuevo gobierno le ha transmitido una esperanza muy grande al pueblo: mejorar radicalmente sus condiciones de vida.” Afirmando que la Iglesia ecuatoriana determinó su opción: “Debemos apoyar, acompañar, volvernos pregoneros de esa esperanza.” Pero como lo dice la expresión popular, “el camino es culebrero.”

Se calcula que Ecuador tiene unos 13 millones de habitantes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), dice que en el 2006 un 12,9% de ciudadanos no tuvo $1,06 diarios para cubrir los requerimientos nutricionales, y por ello está en el grupo de “indigentes”. El promedio de personas que viven en pobreza crónica es de 38,3%. El 60% está subempleada. Según la misma fuente, la desigualdad es enorme: el sector más rico tiene un nivel de consumo del 35,5% y el más pobre 1,9%. El 26% de familias se endeudaron para poder cubrir gastos de enfermedad, comprar alimentos, pagar estudios, etc.

La fuente inmediata de recursos para la realización de proyectos de desarrollo que pretende el presidente Correa está en el petróleo, del cual Ecuador es el quinto productor en América Latina. La historia petrolera en este país ha sido un poco particular.

En 1972 se da un nuevo golpe de Estado. Esta vez lo realizan “militares nacionalistas, con conciencia de soberanía y país”, cuenta el ex contralmirante Gustavo Jarrín, que a la época fue nombrado ministro de Recursos Naturales y Energéticos. Hasta esos momentos en manos de empresas estadounidenses, la explotación petrolera pasa a control del Estado. Varias empresas extranjeras se van, las otras aceptan las condiciones de los militares, incluyendo el que los contratos de explotación solo duren veinte años y no cincuenta. En 1973 Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y Estados Unidos suspende la ayuda militar. Entonces los ingresos por el petróleo cambian radicalmente: el Estado pasa a recibir el 90%, en vez de un aproximado 5%. La economía empieza sus momentos dorados.

Jarrín recuerda, con fuerza en sus palabras, que en 1978 se restableció el sistema democrático, llegando al gobierno el candidato de centro izquierda, Jaime Roldós. Este morirá en un extraño accidente de avión el 24 de mayo de 1981. Y, en menos de 30 años se revirtió la situación: el 80% de ganancias pasaron a las trasnacionales. “En varios casos las extensiones de terrenos cedidas a las petroleras han abarcado hasta la iglesia y el parque del pueblo!”

“Increíble pero legal, confirma Acosta. Lo dice la Constitución. ¿El argumento? La libertad a la inversión privada.” Ministro de la Energía durante el primer gabinete de Correa, y ante la imposibilidad de algo poder cambiar dentro del marco actual de leyes, demisiona en junio para ponerse al frente de la campaña por la Constituyente. “El petróleo no ha sido la garantía de desarrollo para Ecuador, a pesar de haber sido básico para la economía.” De hecho, las poblaciones con más índice de pobreza y de cáncer se encuentran en las provincias petroleras. “Se ha destrozado la amazonía, y dos pueblos nativos desaparecieron por la acción de las transnacionales --que han actuado como una cuadrilla de demolición-- y la falta de dignidad de los gobiernos.”

El presidente Correa está decidido a recuperar los recursos petroleros. Como en Venezuela y Bolivia, los inversionistas extranjeros serán bienvenidos si se ciñen a los intereses nacionales. “Pero será rechazada la apertura comercial a ultranza, precisa Acosta. Ningún país que así actuó ha tenido éxito, y sí perdió demasiado.”

Otra tarea estratégica: buscar la soberanía regional. “Tenemos que enterrar esa visión de abrirnos hacia el imperio [Estados Unidos] y cerrarnos hacia los vecinos. Hay que luchar por la integración latinoamericana.” Al preguntarle cuál es su papel en ello, el presidente Correa responde: “Soy un “obrero” más, junto a los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales. Aunque también contamos con los presidentes de Brasil y Argentina, que también están dentro de ese espíritu.” Varios hechos concretos demuestran que no es una simple intención. Por ejemplo, en agosto Quito y Caracas firmaron un acuerdo de integración energética para la construcción de una refinería en Manabí (Ecuador). Esta instalación evitará que el Ecuador exporte su petróleo bruto (al precio de las multinacionales), e importarlo refinado (a precio de mercado mundial). “La integración”, prosigue el presidente, “es una característica social del siglo XXI. Es necesaria e ineludible. Quizás muchos no se den cuenta, pero pasamos por un momento extraordinario en esta parte del mundo. Debemos contribuir a construir la Patria Grande con la cual soñó Simón Bolívar.”

Como es de imaginar, este nuevo discurso no ha producido saltos de alegría en los sectores conservadores. Periodista estrella de los espacios políticos del canal Teleamazonas, Jorge Ortiz tiene pocas dudas sobre la trayectoria que podrá tomar el proyecto del presidente Correa: “Una de las grandes posibilidades es que escoja el modelo económico “chavista”, pues ya hasta copió el invento de Socialismo del Siglo XXI, del que nadie sabe lo que es.” El recurso más solicitado para atacar al presidente Correa es compararlo con su homólogo Hugo Chávez. No es gratuito. La gran prensa ecuatoriana lleva varios años recalcando que el venezolano es un ‘demonio’, un ‘loco’, un ‘comunista’, que ha empobrecido y dividido a su pueblo. Ninguna necesidad de cambios estructurales, plantea Ortiz. “¿Por qué no seguir con el modelo económico que traíamos si ha funcionado? Solo falta fortalecerlo.”

En muchas de las entrevistas realizadas al presidente el pasado no existe, parece como si la problemática del país hubiera comenzado el 15 de enero 2007, día de la posesión. Es claro que el objetivo de algunos periodistas es acorralar al presidente. Pero este los desarma con su formación académica, una excelente memoria y por estar bien informado. Les demuestra que están mintiendo deliberadamente, que especulan cifras y hechos. Los desespera. Ellos arremeten.

Jorge Ortiz sostiene que la prensa actúa con el presidente Correa como lo hizo con los anteriores gobernantes. “La diferencia es que los otros aceptaban las críticas, y este es visceralmente intolerante. Pero ese actuar no es visceral sino cerebral, porque necesita desacreditar el papel de la prensa para librarse de la critica, y así poder destruir el sistema democrático existente.”

Sin ser “correista”, Rodrigo Santillán, ex presidente de la Unión Nacional de Periodistas y presidente de su Tribunal de Honor, reconoce que desde el momento en que Correa “empezó a hablar de la necesidad de cambios en las estructuras de la nación, llegaron los ataques e insultos desde los más importantes medios de comunicación.” Santillán se dice avergonzado “porque en vez de ser llevados ante el Tribunal de Honor, dos periodistas que insultaron públicamente al presidente [durante conferencias de prensa] fueron convertidos en héroes.” La agresividad de uno de ellos fue tal, que la seguridad del presidente debió sacarlo del lugar.

En Ecuador no existe una radio ni cadena pública de televisión, situación insólita que el presidente se propone solucionar. Mientras tanto, cada sábado el presidente se desplaza a una ciudad, y desde ahí hace una “rendición de cuentas” a la población. En cada ocasión invita a dos o tres periodistas y con ellos hace un panel. Rocío Peralbo constata que por primera vez son tenidos en cuenta comunicadores de medios alternativos y de provincia. “Y esto ayudó a aumentar el malestar hacia el presidente.” La respuesta de Correa ha sido clara: “Estamos democratizando la información. Decidimos no darle más privilegios a los privilegiados de siempre.”

En el transcurso de este año, mientras evitaban mirar hacia la relación entre prensa y poderes económicos, en coordinación con los principales medios de comunicación ecuatorianos, algunas organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión protestaron ante la decisión presidencial de no dar entrevistas a determinados periodistas. Nuevamente el presidente fue concreto: “Si me han insultado y tergiversado, como persona y presidente tengo la libertad de expresión para decirles que no me presto más a ello a nombre de la libertad de prensa.”

Otro motivo de molestia, según el ex ministro Acosta, es que por primera vez un gobierno “no tiene una relación incestuosa con la prensa. Aunque no somos el único país en el mundo donde sucede, aquí ha sido normal que los dueños de los medios terminen hasta de miembros de la Junta de Defensa, a manera de reconocimiento.”

En este país, de siete canales de televisión, seis están bajo las órdenes de grupos bancarios, o dependientes de clanes financieros. No es difícil, entonces, confundir libertad de expresión con libertad de empresa. “La clase social formada por una centena de familias, la misma que ha tenido el poder fáctico, afirma el obispo Arellano, ha creado opinión pública y generado una especie de filosofía social a su favor, a partir de poseer la propiedad de los medios masivos de información.”

“La democracia es buena”, puntualiza el presidente, “hasta que exista el peligro de que toque los intereses del sector oligárquico. Hasta que un gobierno pretenda redistribuir las riquezas de la nación. En ese momento su prensa se vuelve agresiva. Por tanto los grandes medios de comunicación y sus periodistas no son responsables de los males del país, pero sí han contribuido bastante.” Por su parte Santillán “sabe” que la embajada estadounidense en Quito “actúa, discretamente, pero está actuando. Aumentó su coqueteo con varios de los grandes medios. Y ellos están felices. Falta poco para que se vuelva masiva la campaña satanizadora contra el presidente: un primer paso hacia la tentativa desestabilizadora.”

Mirada desde Washington, la determinación actual del gobierno ecuatoriano puede entrar en la categoría de insumisión. “Esperamos que Estados Unidos, pero también la Unión Europea o cualquier otra nación, nos respeten”, declara con determinación el presidente Correa, “y que ninguna quiera intentar dictar las políticas que debemos de seguir, o realizar cualquier tipo de intervención.”

Más que una acción de Estados Unidos contra el actual gobierno, lo que más preocupa es la guerra interna en Colombia. Además del aproximado medio millón de colombianos que vive permanentemente en Ecuador, de los cuales centenas de miles son desplazados por el conflicto, diariamente pasan cientos a buscar refugio temporal. La problemática social en la frontera por ocasiones se calienta, aunque este gobierno y sus Fuerzas Armadas han actuado con cautela y sentido humanitario.

Desde que Correa asumió la presidencia anunció que no se inmiscuiría en esa guerra civil. Que tampoco consideraría a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista. Ha repetido que su gobierno está listo para aportar a la búsqueda de una solución política al conflicto. Pero sigue siendo categórico al afirmar que “el Plan Colombia, implementado por Bogotá y Washington, por ser militarista y violento, no ha servido para resolver la grave situación sino para empeorarla.”

El presidente Correa no solo ha exigido a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, que no se realicen fumigaciones sobre plantaciones de coca cerca de la frontera, sino que lo ha denunciado internacionalmente, y ya advirtió que llevaría el caso a tribunales internacionales. Comisiones gubernamentales e independientes han reconocido los graves efectos que los venenos producen sobre los humanos, agua, animales y plantas. “Colombia es un país hermano, pero al Plan Colombia se le deben poner límites.”

Lo anterior ya es grave. Existe cierta preocupación que el gobierno colombiano se preste como Caballo de Troya de Washington, para ayudar a una tentativa de desestabilización del gobierno ecuatoriano. No se olvide, y es de conocimiento público, que en varias ocasiones lo ha hecho contra el del presidente Chávez.

Si el gobierno no se beneficiara de un 80% de apoyo popular, piensan muchos, hace rato se hubiera intentado un golpe de Estado. Aunque el contralmirante Jarrín, quien sigue en contacto con los mandos militares, asegura: “no he percibido la mínima intención de estos para participar en una aventura golpista.”

Es cierto que el gobierno está logrando una buena simpatía entre los uniformados al haber tomado medidas que los benefician como ciudadanos. Militares y policías han sido maltratados en sus condiciones de trabajo y vida. Además, importantes proyectos de desarrollo nacional están siendo entregados al cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas. Algo que tampoco ha gustado a las empresas privadas ni extranjeras. El presidente defiende la capacidad de esos profesionales, pero también argumenta que por lógica parte de ese dinero invertido volverá al Estado.

Hasta la actualidad, dice el presidente, “todo ha estado en función del capital financiero especulativo, y no de los generadores reales de riqueza.” En Ecuador se ha llegado a contradicciones tales que mientras el sector productivo que genera la riqueza estaba en crisis, el sector financiero, que la administra, rompía record histórico en utilidades. “El problema”, se recuerda en aquella oficina del Palacio de Carondelet, “es que existe mucho empresario tramposo que no paga impuestos, explota a sus trabajadores, no respeta el medio ambiente, etc. Entonces esos sí deben de tener muchos temores con nuestro proyecto de nuevo Estado.

“Y son los que prefieren la desestabilización de un gobierno que no van a poder dominar”.

El periodista Jorge Ortiz ve el futuro con pesimismo, para no decir catastrófico: “Vienen momentos de grandes confrontaciones, en especial porque el presidente Correa se ha vuelto un hombre que genera odios, rivalidades, divisiones entre los ecuatorianos.” Mientras que el obispo Arellano propone otra explicación a las dificultades por venir: “Esa minoría de privilegiados está empeñada en interrumpir este proyecto de vida. Por ello llegará el choque, pues sus desmedidos privilegios se verán afectados. Ya están como el niño que le quitan el seno que lo alimenta: llora.”

Hernando Calvo Ospina es periodista y escritor colombiano residente en Francia. Publicado en Le Monde Diplomatique.