Por Eduardo Dimas                                                              Leer Versión en Inglés

Una de las armas más ha utilizadas para dividir a los pobres es el racismo. Un sentimiento que se inculca desde la cuna, que es parte de la tradición familiar, no importa la raza a que se pertenezca. “Las razas deben estar separadas porque Dios así lo quiere”, se enseñaba en la Sudáfrica del Apartheid.

En otros países más “democráticos”, el racismo asume formas más sutiles. Se relega al negro, al indio y al mestizo a los trabajos menos remunerados, que les impiden estudiar y ascender en la escala social. Se trata de mantenerlos por todos los medios donde nacieron, siempre, desde luego, con la esperanza de alcanzar otros niveles de vida. Algunos lo logran y, en muchos casos, se olvidan de su origen.

En América Latina, el racismo ha servido también para dividir a los pobres. Blancos, negros, indios o asiáticos, a pesar de la mezcla de razas, son “educados” de forma tal que ven a los otros como “diferentes”, como si no los uniera el elemento común de ser pobres y explotados. Así, el blanco pobre puede llegar a ver al indio, al negro o al mestizo como un ser inferior. Ese es el objetivo.

En cualquier país de la región donde exista una población indígena numerosa, es posible encontrar distintas formas de racismo. Guatemala y Bolivia son los dos países donde con más fuerza es posible ver --y hasta respirar-- el racismo en todas sus manifestaciones. En Guatemala, los dos candidatos con más posibilidades de ganar o ir la segunda vuelta, son blancos. Ni siquiera la premio Nobel, Rigoberta Menchú, tiene posibilidades. El Poder es para los blancos.

En Bolivia, la llegada de un indio, Evo Morales, al gobierno, con un programa de beneficio social y justicia para los pobres no podía ser aceptado por la oligarquía y la burguesía, acostumbrada a ver al indio como un ser inferior.

Simplemente, no pueden permitir que un aymara ponga en peligro su dominio y el de las transnacionales sobre la economía del país y, mucho menos, que los indios aprendan a leer y escribir, que tengan garantizada la salud y derechos iguales. No conviene a sus intereses.

Ese es el trasfondo ideológico --yo diría el pretexto-- de la actitud de la oligarquía blanca, concentrada en la llamada Nación Camba, hacia el gobierno, y la razón de los pasos que ha dado para “tumbar al indio de Mierda”, como lo calificaran en un plan que los servicios de inteligencia bolivianos detectaran en fecha reciente.

El plan se llama así: “Plan para hacer tumbar al indio de Mierda”. Está firmado por la denominada Nación Camba y consta de cuatro puntos, algunos de ellos puestos ya en ejecución: El primero es apoyar a la Juventud Cruceñista (de Santa Cruz de la Sierra, la Nación Camba), para hacer fracasar la Asamblea Constituyente.

Desde el 15 de agosto, la Asamblea Constituyente no ha logrado reunirse debido a las manifestaciones de la Juventud Cruceñista, de filiación fascista. La situación ha llegado a tal punto que a los principales dirigentes de la Asamblea no les ha quedado otro remedio que suspender el proceso y convocar a todos los partidos, con vistas a lograr la estabilidad en Sucre.

Ha habido manifestaciones de sectores populares en Defensa de la Asamblea Constituyente, que pudieron terminar en enfrentamientos y muertes. Ese parece ser uno de los objetivos de los dirigentes de la Nación Camba, a los efectos de crear el caos y agravar la situación del gobierno.

Otro elemento esgrimido en el plan es el de la “capitalidad plena”, es decir, la idea de convertir a Sucre en sede de todos los poderes del gobierno, una vieja aspiración del Departamento de Chuquisaca, que afectaría directamente a La Paz. Para ello, según el plan, utilizarán “el asesoramiento y presencia de gente de choque de la Juventud Cruceñista”, convertida en los “camisas negras o pardas” de la oligarquía boliviana.

El segundo punto del plan es buscar nuevos enfrentamientos entre los departamentos de Oruro y Potosí, para que el gobierno no tenga otra alternativa que apoyar las demandas de Oruro y sumar al Departamento de Potosí a la causa de la Nación Camba. Oruro y Potosí son dos regiones mineras.

El tercer punto, según la Agencia Boliviana de Información, plantea medidas radicales para derrocar al gobierno de Evo Morales: “Empezar el movimiento por las autonomías, convocando a paros cívicos y movilizaciones permanentes en las siete regiones bajo nuestro control (Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Tarija, Potosí y Cochabamba). Con esto crearemos un clima de inestabilidad que degenerará en violencia callejera, la cual debe tener víctimas para utilizarlas como bandera para nuestra causa”.

Y agrega: “…cuando la presión sea intolerable, el Gobierno caerá por gravedad. Pero se debe enfatizar que la renuncia sea total, no queremos al vicepresidente. El gobierno debe quedar en el presidente de la Cámara de Senadores, eso es muy importante”.

El cuarto aspecto del plan de la Nación Camba es, una vez que se logren los objetivos anteriores, utilizar al alcalde de Potosí, René Joaquino Cabrera, al que califican como “un indio útil” que “servirá a la Nación Camba para retomar su poder sobre el Gobierno”. Una vez que Joaquino gane, “…estableceremos todo el entorno gubernamental copado por nuestra gente, de manera que Joaquino sea el presidente, pero los que gobiernen seremos nosotros”.

Hasta aquí los cuatro puntos de acción del plan elaborado por los dirigentes de la llamada Nación Camba. Resuma un profundo olor a fascismo y a la reacción clásica de la extrema derecha. Es un plan que recuerda mucho a los aplicados en Chile en 1973, que tuvo éxito, y también en Venezuela, que culminó en el fracaso del golpe de estado y el fortalecimiento del gobierno de Hugo Chávez, por solo citar dos ejemplos.

Creo que no es ocioso señalar que en la caída del gobierno de Evo Morales no solo está interesada la oligarquía boliviana, sino también las empresas transnacionales, el gobierno norteamericano --no olvidar que el actual embajador en Bolivia, Philip Golgberg es un especialista en “desmembrar países”--, y algunas organizaciones internacionales como la Organización Demócrata Cristiana para las Américas (ODCA) y la Confederación Internacional para la Libertad de las Autonomías Regionales (CONFILAR).

En Bolivia es difícil predecir como va a terminar, si en un golpe de estado o una renuncia que, de un modo o de otro, devolvería el poder a la oligarquía, o en un fortalecimiento del gobierno progresista de Evo Morales.

Si nos guiamos por los acontecimientos, es evidente que la oligarquía está a la ofensiva y ha cosechado no pocos éxitos en su afán de derrocar a Evo Morales. Parece obvio que el gobierno boliviano está como paralizado, tal vez porque no tiene el apoyo total del ejército ni del resto de las fuerzas represivas del aparato estatal, vinculadas más a la oligarquía que a un gobierno progresista.

La mayor fuerza del gobierno de Evo Morales radica en el pueblo boliviano que lo llevó al poder, a pesar de toda la propaganda que los medios de prensa, en manos de la oligarquía, hicieron en su contra. Si no moviliza al pueblo para enfrentar la arremetida de la reacción, dudo que pueda mantenerse en el gobierno. 

El pueblo boliviano ha demostrado que sabe cuáles son sus intereses y quiénes son los que los defienden. Tal vez Evo y el resto de su gobierno estén esperando el momento oportuno, eso no lo sé. Pero recordemos que la oligarquía está dispuesta a derramar la sangre que sea necesaria para retomar el poder. ¿No sería mejor pedir al pueblo boliviano que se lance a las calles antes de que eso ocurra? Los invito a que mediten.